Un grupo de una treintena de empresarios del sector del bar/restaurante han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por pérdidas causadas por el cierre de sus establecimientos. Consideran que la medida del gobierno regional ha sido injustificada y desproporcionada.
Están respaldados por la recién creada Arema asociación de propietarios de restaurantes y la Pimem asociación de restaurantes, cuya presidenta, Eugenia Cusí, afirma que las medidas han causado «un daño económico irreparable». El objetivo de la demanda, añade, es someter a «control judicial» las decisiones administrativas adoptadas por el Gobierno. Si se demuestra que son injustificadas, habrá motivos para exigir una indemnización.
Cusí añade que esta indemnización podría ser luego reclamada por otros propietarios que no han puesto su nombre en la demanda por carecer de recursos económicos y además temen «represalias«. «Desconocemos los criterios sanitarios sobre los que se están tomando las decisiones», subraya. Las cifras del Ministerio de Sanidad nacional indican que los contagios por coronavirus vinculados a la hostelería son del 1,9% y menores del 1% en Baleares.
El presidente de los restaurantes de Pimem también critica la falta de justificación por parte del Gobierno de las medidas decididas por la llamada mesa de diálogo social, de la que Pimem forma parte. «Los actuales mecanismos de diálogo social son totalmente insuficientes». Se asiste a reuniones en las que el Gobierno anuncia iniciativas y «se espera que apoyemos ciegamente las medidas que no entendemos del todo». «No habría empresarios emprendiendo acciones legales si nuestra clase política estuviera a la altura».